La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha mantenido una postura cautelosa respecto a la situación actual entre Meriton Holdings y la FIFA en relación con el Mundial de 2030.

“La responsabilidad de negociar el acuerdo con la FIFA recae en el Valencia CF, al igual que he enviado mi documento a la FIFA. Tengo la capacidad de comentar sobre mi documento, pero no sobre el del Valencia CF”. Con estas palabras, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, evitó profundizar en la reciente táctica de Meriton Holdings para firmar la documentación requerida por la FIFA para todas las ciudades candidatas a ser sedes del Mundial de 2030.

El 22 de febrero, un día después de que el Ayuntamiento de Valencia anunciara una auditoría externa para evaluar el coste de las obras del nuevo estadio del Valencia CF, debido a dudas sobre las cifras proporcionadas por el club, se recibió la respuesta del club. Los representantes de Meriton Holdings en la ciudad informaron a las autoridades públicas, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, que no podían firmar el acuerdo de adhesión para la organización del Mundial de 2030 que establece la candidatura de Valencia como ciudad anfitriona.

Meriton Holdings justificó su decisión debido a la incertidumbre y la inseguridad jurídica creada por una moción del Ayuntamiento que no permitía claridad sobre los plazos para la renovación de la licencia de obras y la fecha de votación de las fichas urbanísticas en el pleno municipal, lo que les impedía firmar la carta de intención para que la ciudad sea sede del Mundial 2030.

La reacción del club fue en respuesta a la decisión de la comisión de Urbanismo, que aprobó una moción alternativa con los votos de PP, Vox y Compromís, con el fin de “asegurar la seguridad jurídica y demandar garantías que confirmen el coste total de las obras del nuevo estadio y evitar nuevas paralizaciones”.

Este movimiento estratégico de Peter Lim fue visto como una nueva forma de presión de Meriton Holdings hacia la ciudad para que las autoridades políticas firmen un convenio urbanístico favorable a Peter Lim, con la amenaza de perder la oportunidad de ser sede del Mundial de 2030.

Recientemente, los ejecutivos de Meriton en Valencia han indicado que firmarán la documentación protocolaria de la FIFA para la candidatura al Mundial si se incluye una cláusula resolutoria que no penalice a la entidad. Meriton busca incluir una cláusula que les exima de obligaciones si no se otorgan las licencias urbanísticas y las autorizaciones pendientes para el nuevo estadio. En otras palabras, están dispuestos a firmar el contrato con la condición de que el Ayuntamiento renueve la licencia de obras y apruebe las fichas urbanísticas.

Ante esta nueva táctica de presión, y con el tiempo agotándose para que la ciudad pueda ser considerada como sede, María José Catalá ha optado por la prudencia y no agitar una situación ya complicada. “No comento sobre las decisiones del Valencia CF. Aunque me alegra su disposición positiva, esas decisiones no son de mi incumbencia. Como responsable de la ciudad, me parece bien cualquier acercamiento al Mundial. Siempre he mantenido que no dejaré que mis decisiones respecto al Valencia CF sean influenciadas por el Mundial, pero cualquier predisposición positiva del club siempre será bienvenida”, expresó la alcaldesa a la prensa después de la comisión de la Capitalidad Verde Europea.

“En este momento, no puedo comentar sobre asuntos que son responsabilidad del Valencia CF, ya que el acuerdo con la FIFA es algo que deben negociar ellos, al igual que yo envié mi documento a la FIFA. Puedo hablar sobre mi documento, pero no sobre el del Valencia CF”, añadió.

Cuando se le preguntó sobre las novedades relacionadas con los procedimientos del nuevo estadio, incluyendo la licencia, la auditoría y las fichas, Catalá prefirió no comentar.

La respuesta a la situación del nuevo estadio se encuentra en un estado de incertidumbre. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) aún no ha emitido su fallo sobre las dos demandas presentadas por Meriton. Estas demandas se refieren a la caducidad de la ATE y la negativa de la administración a conceder una prórroga. Mientras tanto, el club, los políticos y la administración están en vilo, esperando la decisión del TSJ. En la comisión de Urbanismo, se acordó no tomar decisiones hasta que se resolvieran los procedimientos legales pendientes.